Chile lleva 45 años con la herida del golpe de estado de Augusto Pinochet

En medio de una crisis económica, el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas chilenas tomaron el poder, dando paso a una de las peores dictaduras en la región, en la que unas 3.200 personas murieron o desaparecieron, y 38.000 fueron torturadas, según registros oficiales citados por AFP.

Salvador Allende se había convertido en el primer presidente socialista elegido de forma constitucional en 1970 y en su administración había puesto en marcha programas que causaron rechazo en sectores de la sociedad.

“(La asunción de la izquierda) provocó un pánico financiero en Chile, y ahí también pudimos ver un éxodo de capitales y gente que se asustó del socialismo y comunismo”, dijo el analista y exembajador Mauricio Gándara, quien agrega que ese escenario causó que EE.UU. apoyara el golpe militar y empezara la despiadada dictadura de Augusto Pinochet –al que Allende había nombrado jefe del ejército poco antes–, quien persiguió a los “rojos socialistas y hasta los ‘rosaditos’. Salió mucha gente de Chile”.

El actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, indicó al diario La Tercera que. sin justificar de ninguna manera los atropellos a los derechos humanos de Pinochet, antes del 11 de septiembre de 1973 la democracia chilena ya estaba enferma y el propio Partido Socialista declaraba que “había una democracia burguesa sin ningún valor, que había que destruirla con los votos o con las balas”.

“El debilitamiento de las bases de nuestra democracia se empezó a gestar en la década de los 60 y se acentuó en la década de los 70 y, por supuesto, se profundizó en la década de los 80 (bajo la dictadura)”.

El exmandatario chileno (2000-2006), Ricardo Lagos, apuntó al mismo medio que el golpe se dio porque había una gran polarización del país, en la que la derecha no tenía los dos tercios del congreso para destituir a Allende, y este, con el 43% de la votación, no tenía mayoría para aprobar leyes. Incluso el nombramiento de Lagos como embajador ante la Unión Soviética era uno de los temas congelados en el Senado.

Para el exdiplomático y ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, José Ayala Lasso, el legado tras la dictadura (1973-1990) “es el nunca más permitir que eso ocurra” y que “los extremismos políticos están condenados al fracaso”.

“En lo democrático, los gobiernos (posteriores a la dictadura) cumplieron con su palabra de respetar las libertades, los derechos humanos y el orden constitucional, y ahí le tenemos a Chile como un país emergente camino al primer mundo”, dice Ayala.

Sin embargo, aún quedan sentimientos encontrados. El pasado domingo miles de personas marcharon exigiendo el fin de la impunidad tras la liberación de exagentes de la dictadura encarcelados por violaciones de derechos humanos.

En el acto se pudieron observar fotografías de los desaparecidos portadas por familiares de las víctimas del régimen de Pinochet, quien murió en 2006 sin haber sido juzgado.

“¡No a la impunidad!” gritaba la multitud, enardecida luego de que en julio pasado la Corte Suprema chilena acogió el pedido de libertad provisional de siete exagentes de la dictadura encarcelados por crímenes de lesa humanidad. Sumado a esto, el presidente Piñera había otorgado en abril pasado un indulto al excoronel René Cardemil, condenado a 10 años de cárcel por el asesinato de 6 personas. Cardemil murió de cáncer antes de gozar del beneficio otorgado por el mandatario.

“La campaña de impunidad que ha montado Sebastián Piñera con algunos jueces de la Corte Suprema ofende la memoria de miles de chilenas y chilenos asesinados”, declaró Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

Hasta mediados del 2017, existían 1.328 causas penales por crímenes contra los derechos humanos en tramitación en tribunales chilenos, según un informe de la Universidad Diego Portales. (I)

Tomado de El Universo – Ecuador

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories