Más de tres mil denuncias reposan en CPC transitorio

Quito –

A la par de la selección de autoridades de control del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) en transición debe analizar las denuncias que le han llegado en los primeros cinco meses de gestión.

Entre marzo y agosto pasado la ciudadanía presentó 3.139 denuncias contra las autoridades que fueron evaluadas y cesadas por el CPC; y, otras en contra de las instituciones públicas.

Según datos del organismo, hubo 1.158 denuncias contra las autoridades sometidas a evaluación: Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, superintendencias de Bancos, Compañías, Corte Constitucional y Tribunal Contencioso Electoral.

El coordinador de la Unidad Técnica de Evaluación, Darwin Seraquive (que también es secretario general), dijo que estas quejas están siendo investigadas en la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción.

“Nuestro objetivo es que las denuncias presentadas de los casos más grandes las dejaremos investigando. Todo tenemos que cumplir”, sentenció.

En el caso de las restantes (1.981) son hechos de presuntos actos de corrupción en entidades de la Función Ejecutiva y de los gobiernos seccionales.

Estos documentos se están clasificando para determinar si son denuncias o trámites que deben ser atendidos por cada entidad, y esa tarea prevén concluirla la próxima semana.

Obras en régimen de Correa

Al inicio de su gestión, el CPC transitorio ofreció investigar las obras contratadas en el régimen de Rafael Correa, como la Refinería del Pacífico, el Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón, la Refinería de Esmeraldas, el Poliducto Pascuales-Cuenca, la hidroeléctrica Manduriacu, la reconstrucción de Manabí, el manejo de la deuda pública, entre otros.

Este trabajo se sustanció desde el periodo de María Arboleda, quien renunció a la secretaria Anticorrupción, pero habría dejado listos los informes de la Refinería del Pacífico y del caso Singue, que se prevén entregarán a fines de mes.

A propósito de estas indagaciones, Seraquive contó que para agilizar los procesos implementarán una “matriz de requerimiento de información”, que será enviada a cada institución que contrató la obra.

La entidad responsable deberá completar esa matriz en la que constan, por ejemplo, ítems sobre cuál fue la comisión técnica que adjudicó el contrato, cuáles fueron los funcionarios que solicitaron el acta de recepción de la obra, si esta constaba en el Plan de Contratación Anual, y otros aspectos.

El objetivo es solicitar la información para evitar “perderse” durante el análisis, y elaborar informes concluyentes que serán remitidos al pleno del Consejo transitorio.

No se ha informado el número total de procesos o denuncias que heredó del Consejo de Participación cesado. Se conoció que había casos que no eran considerados urgentes, pero que ya estaban en investigación, y que no podían interrumpirse. Y otros que fueron archivados. (I)

Tomado de El Universo – Ecuador

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