Dos peticiones para dar amnistías por caso 30-S

Quito –

A pocos días de cumplirse ocho años de la revuelta policial, se presentaron en la Asamblea dos solicitudes de amnistía general a los procesados y participantes de los hechos del 30 de septiembre (30-S) de 2010.

Ayer, el asambleísta César Carrión (CREO) dijo no estar representado por la Asociación de Víctimas del 30-S, presidida por Óscar Ayerve, quien el miércoles presentó también una solicitud de amnistía.

Carrión, expolicía, era director del Hospital de la Policía en donde estuvo el expresidente Rafael Correa.

En ambos casos no tienen claro el número de personas que se beneficiarían, pero insisten en que debe darse para todas las víctimas y procesados.

Carrión habló de 1.550 procesados, de los cuales 110 tienen sentencia; de ellos, cinco son sentenciados a doce años de cárcel como un cabo de Policía, que no estuvo en el lugar.

Manifestó que, a su criterio, hay un fraude procesal, y que lo mostrará cuando se haga público el informe de la Contraloría que analiza el caso.

Comentó que hoy la Fiscalía debe encontrar su camino de institucionalidad e investigar de forma transparente.

Ayerve presentó el pedido de amnistía, acompañado de algunos de los implicados.

Dijo que en el Decreto Ejecutivo emitido el 10 de enero de 2013, en sus considerandos para la conformación de la Comisión de investigación del 30-S, se determinaba que “el 30 de septiembre de 2010 se produjo un intento de magnicidio dentro de un frustrado golpe de Estado maquinado para lucir como una protesta laboral…”.

Esa premisa, añadió, es una gran farsa procesal, lo cual justifica una amnistía a quienes fueron víctimas de lo que calificó como persecución.

Asamblea analizará todos los casos

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, aclaró que la Ley de la Función Legislativa establece un procedimiento para el tratamiento de amnistías y que son individualizadas, y que para ello se trabaja con las defensorías Pública y del Pueblo.

Indicó que el caso del 30-S implica a militares, policías y civiles; y que es responsabilidad de la Asamblea analizar cada uno de los casos.

Aclaró que en algunos se cometieron injusticias y que el Legislativo tendrá la oportunidad de “remediar esos hechos”.

Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, señaló que las amnistías no se dan por generalidades; en esa revisión se deben tomar en cuenta algunos aspectos como la situación del procesado.

Esta Mesa es la que se encarga de tramitar los pedidos y elaborar un informe. (I)

1.550 serían las ‘víctimas’  del 30-S, de las cuales unas 110 fueron procesadas penalmente acusadas de varias figuras.

Tomado de El Universo – Ecuador

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