Édison Toro: Supercom direccionaba la sanción a los medios

Édison Toro lleva más de dos meses en la Superintendencia de Comunicación y revela que durante la gestión de Carlos Ochoa (cesado en marzo) había un “direccionamiento arbitrario” en el monitoreo y sanción de los contenidos de la prensa. La institución enfrenta exámenes de la Contraloría en el uso de recursos, antes de ser eliminada por la reforma a la Ley de Comunicación que se debate en la Asamblea.

¿Qué novedades encontró?
Hice un primer análisis y enseguida empezó a trabajar un equipo de la Contraloría. Descubrimos 1.198 procesos, 706 de esos sancionatorios, y 428 pecuniarios…

¿Y cuánto personal?
Los contratos ocasionales sobrepasaban el 80/20 % que dispone la ley. Había gente con 36 meses de contrato ocasional, dispuse terminarlos. Se redujeron 70, más otros cargos del jerárquico superior. A nivel nacional hay 230 personas. No puedo reducir más, por los nombramientos. Y cuando pase la reforma habrá que tomar decisiones, evaluación o supresión de partidas.

¿Cambió la forma de tratar las denuncias?
El número de denuncias bajó desde el 2017. Y es curioso. Se le preguntaba a la gente, ‘¿por qué cree que bajaron?’. Y la respuesta era porque ‘los medios entendieron cuál era la forma responsable de la aplicación de la ley’. Pero creo que ahora hay una nueva mirada (que no obedece a sanciones). Antes, la mayoría de las denuncias se tramitaban de oficio. La Superintendencia era juez y parte, lo que era una aberración jurídica.

En la gestión de Ochoa se contrataron consultorías para monitoreo de medios, con onerosos contratos a empresas de Romel Jurado, y otras firmas. ¿Cumplían los objetivos?
La Contraloría está analizando esos contratos si hay irregularidades. Descubrimos que los métodos tenían un grado de arbitrariedad bastante alto. Muchos medios fueron monitoreados con un direccionamiento claro. Otros fueron excluidos con un sesgo particular. Los números demuestran que no hubo método sistemático y equitativo, sino arbitrario.

¿Cómo se hacía?
No había un análisis de qué tipo de contenido era violento. Si estaba transgrediendo franjas horarias. Se observaba si un noticiero mencionaba a un funcionario del gobierno anterior, o si un periódico no había sacado una noticia considerada importante por ese régimen. Se direccionaba la sanción. Programas como Daniel Boom o Bonanza los catalogaban como violentos. Había medios que jamás eran monitoreados. Y tengo informes por escrito, o si se detectaba alertas, nunca pasarlas a análisis para sanción. A El Telégrafo, por ejemplo. Un funcionario me contó que llegó con una alerta y le dijeron ‘es la última vez que te digo, que a ese medio no lo vean, no lo monitoreen’.

¿Este tipo de monitoreos u otras atribuciones pasarán al Consejo de Regulación de la Comunicación o a la Defensoría del Pueblo?
Nada de lo que tiene la Superintendencia va a pasar, o puede pasar a la Defensoría del Pueblo. Si la reforma pasa como está planteada, todo el esquema de control y sanción desaparece. Quedará la tecnología adquirida, estamos planteando un observatorio de medios públicos, de la sociedad civil, dentro del esquema del Cordicom, pero para que sea el órgano de promoción y desarrollo… (I)

Tomado de El Universo – Ecuador

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