Relatoría sugiere cambios a Ley de acceso a información

Quito –

Romper la discrecionalidad que existe en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (Lotaip) para que las autoridades públicas entreguen información a periodistas y ciudadanía es una de las sugerencias de la Relatoría para el Derecho a la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, que visitó hace pocos días el país.

Tras afirmar que es necesaria una revisión integral de la normativa ecuatoriana, incluida la Constitución, para determinar si se ajusta a los parámetros sobre derechos establecidos por convenios internacionales y que las reformas a la Ley de Comunicación solo son un primer paso, el relator David Kaye señala que la Ley ya lleva vigente catorce años y sin ninguna modificación.

Para el relator, la actualización de la Ley partiría de tres ejes: una protección internacional más amplia de lo que reportan los denunciantes. Lo segundo, considerar los cambios en la comunicación con base en la tecnología: internet, digitalización de la información del Gobierno; y tercero, que no exista demasiada “discrecionalidad”. “Como la Ley está hecha ahora permite demasiada discrecionalidad del Gobierno para decir: no queremos divulgar información”, agregó Kaye.

Christian Pérez Escobar, director de Transparencia y Acceso a la Información de la Defensoría del Pueblo, dice que de reportes dados por entidades se evidencian situaciones que incumplirían con la norma, sobre todo, por lo que se clasifica como información reservada, de forma discrecional o sin argumentar con base en la ley ni dando a conocer la temática.

Pérez indica que muchas entidades motivan la reserva basándose en regulaciones de jerarquía inferior a la Lotaip: acuerdos, resoluciones, decretos. “De todos los temas declarados con reserva el 2017, que son 2.896, el 62,95% han sido declarados como reservados motivándose en esta normativa que no es la Ley, es decir, 1.823 temas han sido declarados como reservados, motivándose en normativa inferior…”.

El último ejemplo fue sobre el del asilo político a Julian Assange. En la respuesta a un pedido de información de Paola Vintimilla (PSC), el canciller José Valencia señala que la información fue declarada reservada sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Lotaip. Sin embargo, Valencia tampoco ha levantado la reserva a esa información, sostiene que él se limitó a entregar lo que solicitaba la asambleísta y que no puede señalar si Vintimilla puede o no puede hacer públicos estos documentos. La reserva fue declarada bajo la administración de la excanciller María Fernanda Espinosa.

La Defensoría del Pueblo trabaja en un proyecto de reformas para presentarlo el 2019, para adecuar su articulado tanto al manejo de las nuevas tecnologías como a agilitar el acceso a la información.

Además, Pérez señaló que una de las principales debilidades de la Lotaip es que la Defensoría del Pueblo no está dotada de capacidad regulatoria y sancionatoria, solo recepta el listado índice de los pedidos de acceso, sin dar a conocer lo que se ha declarado información reservada. (I)

En la Asamblea

En este periodo legislativo se ha presentado un solo proyecto de reforma a la Lotaip. Esa iniciativa de Juan Pablo Velín (antes AP) cuestiona “la discrecionalidad” de las instituciones públicas para declarar la reserva y sugiere un nuevo listado de los casos en los que se puede acudir a esta clasificación. Dice que el proyecto fue presentado el 25 de septiembre de 2018 y no ha sido calificado.

Tomado de El Universo – Ecuador

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories