Caso Fernando Alvarado se frena en la Asamblea Nacional

Quito –

La decisión de una sanción política desde la Asamblea Nacional a los responsables de la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, todavía deberá esperar unas semanas porque el Pleno consideró necesario escuchar a cuatro funcionarios más para conocer detalles de los hechos.

Con 97 votos, la Asamblea aprobó la resolución de Lourdes Cuesta (CREO) para convocar al Pleno a cuatro personas encargadas de la cadena de mando en el control y monitoreo del dispositivo de vigilancia que usaba Alvarado antes de su huida del país.

Aún no hay fecha para que comparezcan y expliquen las acciones u omisiones que dentro de su competencia realizaron en el caso Alvarado.

En la lista de comparecientes constan Roberto Vaca, exgerente del proyecto del sistema de control de los dispositivos electrónicos que renunció dos días antes de la fuga de Alvarado; Vanesa Mejía, exsupervisora de operadores, que ante la Fiscalía dijo que informó a las autoridades correspondientes de las alertas producidas en el grillete que usaba; Eliana Pacheco, supervisora nacional; y, Marco Lozano, actual gerente del proyecto.

Cuesta dijo que tiene que comparecer la exsupervisora que recibió la llamada de Alvarado avisando que se iba.

Estos funcionarios y exfuncionarios deberán señalar a la Asamblea si es verdad que el sistema se cayó dos horas luego de la fuga de Alvarado; y la serie de fallas que tuvieron los grilletes y que fueron informadas, pero que según algunas versiones, no tuvieron respuesta del Ministerio de Justicia.

Vicente Taiano (PSC) lamentó la decisión de la Asamblea de no abordar de inmediato el tema.

“En el caso de Fernando Alvarado, hoy prófugo de la justicia, la Asamblea necesita tomar una decisión definitiva, tiene que haber sanciones políticas independientemente de las judiciales”, subrayó.

Marcela Aguiñaga, del grupo afín a Rafael Correa, dijo que el tema Alvarado está siendo manejado electoralmente, y afirmó que hay razones suficientes para iniciar un juicio político en contra del ministro de Justicia, Paúl Granda, como el responsable del control. (I)

Tomado de El Universo – Ecuador

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