Peculado y fraude procesal, delitos que indaga Fiscalía por caso Balda

Quito –

Luego de que la jueza Daniella Camacho llamara a juicio al expresidente Rafael Correa; a su exsecretario de Inteligencia (Senain), Pablo Romero, y a los exagentes Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón, por el plagio de Fernando Balda, y empezaron a darse pedidos para que se indague un peculado, la Fiscalía, sin definir nombres de investigados, fechas en que se abrieron los expedientes o explicar los hechos que se analizan, anuncia que se ha dispuesto la apertura de investigaciones por peculado y fraude procesal.

La noticia se la hace saber en dos líneas al final de un documento de siete páginas publicado en las redes sociales de la institución titulado: Cronología y Datos Caso Balda.

Pese a ello, la fiscal general subrogante, Ruth Palacios, una vez que escuchó el auto de llamamiento a juicio en el caso Balda, el miércoles último, explicó que “podría” existir el delito de peculado, pero aclaró que hay que analizar la información del expediente.

Stalin Oviedo, abogado de Romero, dijo que no ha sido notificado de investigación alguna que se desprenda del tema Balda, pero opinó que la justicia se está apresurando al definir cosas equivocadas para quedar bien ante la opinión pública.

La defensa de Romero reconoció que el único proceso por peculado que tiene abierto su cliente y que tendría relación con su paso por la Senain es en el que se difirió la audiencia de formulación de cargos del 7 de noviembre; se iba a dar horas antes de la lectura del llamado a juicio en el caso Balda.

Al ser consultado Felipe Rodríguez, defensa de Balda, sobre si conoce de investigaciones que tengan relación con el caso, la respuesta fue que no.

Rodríguez no descartó que Fiscalía esté realizando una indagación por peculado, pero no puede formular cargos sin informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal.

Para referirse a un fraude procesal en el caso Balda, Rodríguez mencionó que inicialmente no encontraría argumentos para ese delito, aunque no descarta que de una revisión más profunda del expediente puedan surgir elementos. Lo que sí señaló que se ha definido es que existieron funcionarios que tuvieron el ánimo de no investigar el secuestro que se dio en Colombia, en 2012.

El fraude procesal, definido en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), señala penas que van de uno a tres años de privación de libertad. Mientras tanto, el peculado, señalado en el artículo 278, es un delito imprescriptible, que puede ser juzgado en ausencia y que tiene penas de diez a trece años. (I)

Tomado de El Universo – Ecuador

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