Nuevo reglamento establece que la Policía regirá al servicio de protección de autoridades

Quito –

Mediante Acuerdo Ministerial N° 0055 suscrito la noche de este martes 13 de noviembre, la ministra del Interior, María Paula Romo, expidió un reglamento que ratifica la jerarquía de la Policía en los casos de protección de autoridades y delimita el alcance del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop).

Este cuerpo legal, promovido por el gobierno de Rafael Correa, dispuso la creación del Servicio de Protección Pública (SPP) -a cargo de personal civil para garantizar la seguridad del presidente de la República, del vicepresidente y de las máximas autoridades del Estado, entre otros- como una respuesta a la insubordinación policial del 30 de septiembre del 2010. Tras varios debates y la aprobación de la Asamblea de entonces, entró en vigencia en junio del año pasado.

En el acuerdo, la Ministra establece que la Policía será la institución que determina los niveles de riesgo de quienes se beneficien de una eventual protección (que incluye a personajes que por sus actividades estén expuestos a amenazas probadas) y designa a los funcionarios que se encargarán de dirigir esta instancia.

En el documento -de 10 páginas y 25 artículos- se señala que la seguridad del titular del Ministerio de Defensa y de sus instalaciones estará a cargo de las Fuerzas Armadas.

Para la ministra Romo, la existencia del SPP tal como constaba en el Código aprobado por el correísmo abría la posibilidad de que exista una fuerza “parapolicial y paramilitar” que iba a cumplir las mismas labores que ya tenían la Policía y las Fuerzas Armadas.

El año pasado, el presidente Lenín Moreno -tras una reunión con el alto mando policial y militar- anunció que no acudiría a “a ninguna instancia que no sea la de ustedes”.

Aunque la ley otorga un plazo de 10 años para implementar el Servicio de Protección Pública, para el Ministerio del Interior actual la incorporación de esta disposición implica la contratación de 602 servidores, lo que conlleva a un gasto anual de $ 11,8 millones.

El Código está sometido a cuatro demandas de inconstitucionalidad que aún no han sido resueltas. (I)

Tomado de El Universo – Ecuador

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