Ley Orgánica de la Función Legislativa exige más a asesores que a propios asambleístas

El artículo 159 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que cada asambleísta podrá solicitar a la Asamblea contratar dos asesores y dos asistentes para su equipo.

La misma normativa señala que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) señalará el procedimiento y las condiciones de estas contrataciones, “así como los requisitos de formación y experiencia…”.

Contrario a lo que ocurre con las exigencias para ser asambleísta, para quienes la Constitución establece que solo requieren tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 18 años y estar en goce de los derechos políticos, un asesor nivel 2 debe tener, al menos, título de bachiller, mientras que el de nivel 1, diploma universitario.

Luis Fernando Torres, asambleísta del PSC y miembro del CAL, lo corrobora. “Título académico para el nivel más alto…”, señala y explica que entre las funciones de los asesores están revisar y opinar sobre proyectos de ley, preparar pedidos de información, mantener actualizado al legislador sobre proyectos en curso, e investigar temas asignados por el legislador. “Si tiene mejor formación, pueden hacer informes de prospectiva política y legislativa, con algún nivel de profundidad…”.

Jeannine Cruz, asambleísta de CREO, sostiene que generalmente los asesores con título universitario son abogados, politólogos o comunicadores políticos. “En el tema personal, los dos asistentes son abogados y las dos que siguen (asesores) son un comunicador social y un asistente de secretaría que nos ayuda en la oficina…”.

Torres, en cambio, señala que tanto sus asistentes como sus asesores poseen título de tercer nivel, y que lo acompañan desde el 2013.

El legislador sostiene que si bien su equipo debe ser afín a su proyecto político, rechaza que este deba compartir parte de su sueldo, y menos bajo presión, como lo afirmó Ángel Sagbay Mejía, exasesor de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña.

Sagbay, en una declaración juramentada, denunció que Vicuña, cuando fue asambleísta de Alianza PAIS (AP) entre 2011 y 2013, le habría condicionado el cargo de asistente al pago mensual de $ 300; y cuando ascendió a asesor, a $ 1.400.

Vicuña no negó los aportes mensuales a su cuenta bancaria, pero aclaró que fueron voluntarios y para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), al que pertenece.

En esa época, un asistente, según documentos de la Asamblea, ganaba $ 1.394, mientras que los asesores 1 y 2, $ 3.340 y $ 2.820, respectivamente.

Leonardo Vicuña, padre de la vicepresidenta y líder de ABA, dijo que Sagbay se incorporó como militante de la organización hace unos ocho años en Gualaquiza (Morona Santiago) y que luego, como él, pasó a formar parte de la coalición con AP en época del expresidente Rafael Correa. “Ha venido militando hasta hace poco en que definitivamente conspira…”.

Según dijo la vicepresidenta en una entrevista radial, la asesoría de Sagbay “era de trabajo político en el territorio… El planteamiento para que sea considerado asesor vino de él, porque era asistente”.

Hace pocos meses, otros asesores denunciaron el cobro de ‘diezmos’. Uno de estos casos vinculaba a la asambleísta oficialista Norma Vallejo, quien fue investigada por una comisión multipartidista. Esta finalmente recomendó destituirla, pero por gestionar cargos públicos. Y así lo hizo el pleno.

Cruz dice que habría muchos casos más. “Esto es una bola de nieve que no se va a parar (…) Propios y extraños van a tener mucha cola en esto lamentablemente….”.

Y relata que una de sus asesoras denunció ante la Presidencia de la Asamblea, con copia a la Fiscalía, que en el periodo legislativo anterior el asambleísta con el que trabajaba le exigía comprar perfumes y medicinas.

Cruz cree que en la Asamblea debe haber una normativa que proteja a los asesores y asistentes. “Sé que muchos quisieran hablar, pero no se atreven por miedo, por represalias”. (I)

3.173
dólares

es el sueldo actual de un asesor nivel 1, según documentos de la Asamblea Nacional.

1.394
dólares

es el sueldo actual de un asistente de asambleísta, al igual que en el periodo legislativo 2013-2017.

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