Autor de femicidio en Ibarra había sido detenido en Venezuela, según María Paula Romo

El ciudadano venezolano detenido por el femicidio registrado el pasado sábado en Ibarra registraba antecedentes penales, reveló este martes la ministra del Interior, María Paula Romo, durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea Nacional.

La funcionaria reconoció omisiones en el deber de los policías que presenciaron el asesinato de Diana Carolina Ramírez Reyes. Sin embargo, dio respaldo a los miembros de la Policía Nacional para usar la fuerza en el marco de la ley.

Romo declaró que Yordi L. registraba tres detenciones en el estado venezolano de Trujillo.

En 2015 había sido detenido por violación, en 2016 por lesiones y en 2017 por violencia sobre funcionarios públicos.

“¿Por qué este dato es relevante? Porque todos los temas se relacionan entre sí y, si tuvieramos la posibilidad, porque hemos agotados todos los recursos para lograrlo, si tuvieramos la posibilidad de acceder a base de datos serias entregadas por Venezuela podríamos hacer una verificación normal que permita movimientos migratorios regulados, pero no tenemos acceso a esta base de dato seria. Venezuela no quiere entregar”, dijo la ministra.

Romo recordó que la violencia machista no tiene nacionalidad y no debe estigmatizarse a los extranjeros. 

Reconoció omisiones policiales

La ministra del Interior, María Paula Romo, fue llamada al Pleno de la Asamblea cuatro meses después de que se aprobara una resolución donde condenó el “homicidio”, ocurrido en el sector de Mascarilla, provincia de Imbabura, donde murió Andrés Padilla, tras un confuso incidente en que se detuvo y enjuició a un policía.

Tras una hora de espera, Romo ingresó al Pleno acompañada por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, unos 12 ministros y secretarios de Estado y la cúpula de la Policía Nacional. Asambleístas del correísmo, al inicio de la sesión, alzaron carteles donde pedían la renuncia de ella.

Hizo un llamado a la unidad para enfrentar la violencia registrada en la última semana, y para ello se comprometió ante el pleno a aplicar correctivos en el papel de la Policía para salvaguardar la vida de los ecuatorianos.

“Nuestra presencia aquí es una señal de unidad, para decirles que en este momento estamos comprometidos para abordar el tema de la violencia, que es necesario que el Ecuador se reconcilie, no es solo un problema de policía y sino también un tema de convivencia pacífica”, anotó la ministra.

Acción policial

Sobre los casos de Imbabura, tanto en el sector de Mascarilla como el femicidio en Ibarra, dijo que tienen algo más en común, el cuestionamiento a la actuación de la Policía, y en los dos casos son caras opuestas.

En el caso de Mascarilla, se cuestiona la actuación de un policía, y en el femicidio de Ibarra se pide explicación sobre la omisión de otros uniformados, agregó e invitó a que desde las instituciones y la sociedad se dé un mensaje claro a la Policía.

“Yo quiero decirle a cada uno de los 48.200 policías activos que no solamente están facultados a usar la fuerza, sino que tienen la obligación de hacerlo en el marco de la ley, y decirle a la policía que tiene nuestro respaldo para hacer su trabajo”. citó. Además afirmó que existe el marco jurídico para que un policía dispare su arma, se halla en la Constitución, en el Código Penal, en un reglamento interno y existen parámetros internacionales.

En el caso de Ibarra, Romo afirmó que se cometieron una serie de omisiones, y consideró que en esos casos los uniformados debieron actuar, y que en adelante mejorarán los protocolos necesarios, pero que cuando se trate de respaldar el trabajo de la policía, la sociedad no debe dudar.

Pedido de unidad

Sonnenholzner, en medio de la comparecencia, dio una rueda de prensa en la que justificó su presencia en la Asamblea que a más del respaldo a la ministra, es llamar al país a la unidad, pues reveló que la violencia intrafamiliar supera cifras delincuenciales, y para ello se debe trabajar en conjunto.

Agregó que han empezado diálogos directos con los policías, más allá del respaldo, se están tomando decisiones respecto a la seguridad que tienen que sentir en su labor y en el uso de la fuerza justificada, citó.

Marcela Aguiñaga, asambleísta, alertó que por la omisión de la policía en Ibarra, el Estado puede ser susceptible de responder a nivel internacional por supuesto incumplimiento en el deber de cuidado. (I)

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