Anteriores requisitos para las consultas populares afectaron iniciativas

Quito –

Al menos tres iniciativas ciudadanas de consultas populares fueron afectadas por la decisión de la Corte Constitucional (CC) cesada, que exigía que primero se presenten las firmas de respaldo para poder calificar si el contenido era constitucional.

Estas fueron las que impulsó el colectivo YASunidos para impedir la explotación del crudo en el Yasuní ITT; la propuesta del exasambleísta del PSP, Galo Lara, para regular la transmisión de las cadenas presidenciales del expresidente Rafael Correa; y la que hicieron colectivos ecologistas del Azuay, para evitar la explotación minera en la zona de Quimsacocha.

Aunque esta última ya se efectuó en las elecciones del 24 de marzo pasado, por disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los jueces de la actual Corte Constitucional resolvieron, el 16 de abril, modificar el trámite de la consulta popular por iniciativa ciudadana porque se consideró que se establecían “obstáculos injustificados” a la ciudadanía, como exigir que primero se recojan las firmas para legitimar la propuesta; y luego se califica la constitucionalidad de las preguntas.

El caso del colectivo YASunidos trascendió en el país. Ellos requerían de 583.000 rúbricas, el 5% de inscritos en el padrón electoral nacional, para que su propuesta de pregunta pase a la Corte y se decida si era o no constitucional.

Presentaron cerca de 600.000 rúbricas, pero el CNE en la gestión de Domingo Paredes concluyó que la agrupación no alcanzó el porcentaje requerido, y que solo tenían 359.000.

La propuesta de Quimsacocha se planteó en el 2012. Recogieron las firmas necesarias, y el expediente se envió a la anterior Corte, pero como esta no se pronunció sobre la constitucionalidad de la pregunta, el Consejo Electoral en transición decidió aprobarlo y convocar a consulta popular.

Estas dos denuncias, y la de Lara fueron parte del informe de investigación con el que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio destituyó a los jueces constitucionales.

Ahí se menciona que las únicas iniciativas que se tramitaron fueron las planteadas por el gobierno de Correa. Y que los jueces asignados a las causas se demoraron hasta tres años en tramitarlas.

Incluso la actual Corte refiere en su sentencia que sus predecesores dejaron “entrever la intención política de limitar la participación ciudadana”.

Con el dictamen, a las iniciativas ciudadanas se les calificará primero la constitucionalidad de las preguntas y luego se recogerán las firmas. 

 

Defensa de exjuez

El cesado expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Ruiz justificó que el requisito de solicitar primero que los ciudadanos recojan firmas no era “incoherente” con la Constitución, pues la Corte –dijo él al CPCCS transitorio en su defensa frente a la cesación del cargo– “velaba porque las preguntas propuestas no confundan o induzcan a error al pueblo”. (I)

Tomado de El Universo – Ecuador

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