Con herramienta se busca no revictimizar a menores víctimas de abuso sexual

Quito –

Para no revictimizar a los menores que han sido víctimas de abuso sexual, la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura, con el apoyo de Unicef, presentaron este jueves un protocolo de entrevista forense para aquellas víctimas de esos casos.

Según datos de la Fiscalía, en 2015 se cometieron 1.959 delitos sexuales; en el año 2018 la cifra fue de 3.146; y, entre enero y marzo de 2019, 774.

Joaquín González-Alemán, representante de Unicef en Ecuador, explicó hoy que es un gran paso en la protección de la niñez, pues un niño puede pasar por hasta seis entrevistas con diferentes instancias, que podrían llevar a contradicciones en sus testimonios o podría darse una manipulación de los mismos.

“Se trata de una metodología que ayuda a crear una confianza para que el niño pueda contar lo que ocurrió en ese momento”, señaló. El protocolo busca que se realice una sola entrevista o el menor número posible, agregó.

Diana Salazar, fiscal general, manifestó que las víctimas de abuso sexual, sobre todo si son niños o adolescentes, con frecuencia callan por miedo, por culpa, por impotencia, vergüenza o desconocimiento.

Salazar acotó que en la mayoría de los casos judicializados estos abusos son cometidos por conocidos y familiares que acceden con facilidad al entorno de la víctima, y aprovechan de la confianza nacida de la convivencia.

A la luz de las cifras de delitos sexuales, dijo Salazar, cobran mayor importancia los programas de detección temprana y tratamiento dirigido a las víctimas.

Según Salazar, el  protocolo se usará durante la recepción de la versión, en la valoración psicológica, en la recepción de testimonios anticipados, dentro de la investigación y en el proceso penal.

Hasta el momento se han capacitado a 75 peritos psicólogos, 83 fiscales, 20 jueces, 56 miembros de equipos técnicos de los juzgados.

María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), señaló que el desafío es aplicar el protocolo y para ello hay toda la predisposición estatal.

La construcción del protocolo inició en 2017 en el marco de una campaña de denuncias de casos de abuso sexual.(I)

Tomado de El Universo – Ecuador

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