Otra vez contra el tiempo para reformas al Código de la Democracia

Quito –

Seis meses y dos semanas tiene la Asamblea Nacional para iniciar el debate y reformar el Código de la Democracia, para que pueda entrar en vigencia antes de las elecciones presidenciales, legislativas y de parlamentarios andinos, previstas para el 21 de febrero de 2021.

El artículo 117 de la Constitución prohíbe hacer reformas electorales durante el año anterior a los comicios. Así, los cambios deberían estar vigentes el 20 de febrero de 2020. Y en la Asamblea se estima que deben quedar definidos hasta diciembre para evitar contratiempos.

Pero esa instancia mantiene estancado desde el 4 de enero de 2018 un proyecto de unas diez reformas que elaboró la Comisión de Justicia, y que no fueron aprobadas pues la sesión se suspendió. Un año, cinco meses después no se ha convocado a la reinstalación del debate.

Desde el 2010 se han presentado 36 propuestas de reforma. Y se sumaría la que alistan miembros del Consejo Nacional Electoral, Luis Verdesoto y Enrique Pita, para modificar e incorporar nuevos artículos.

Los textos no han sido aprobados por los cinco consejeros ni consensuados con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ya que las dos entidades por sí solas no poseen la facultad de iniciativa legislativa, sino la Función Electoral, que agrupa a las dos instituciones.

Entre los cambios propuestos por Verdesoto y Pita están, por ejemplo, que un enjuiciamiento político a los consejeros y jueces electorales lo enfrenten de forma individual en la Asamblea. Que se instituya un Consejo Consultivo de las Organizaciones Políticas, que las Juntas Provinciales Electorales sean integradas por el Tribunal Contencioso Electoral.

Esto podrían entregarlo al Legislativo apenas concluya la posesión de las autoridades elegidas en marzo.

La legisladora Lourdes Cuesta (antes de CREO), integrante de la Mesa de Justicia, advirtió que modificar el Código antes de las presidenciales es una “carrera contrarreloj”.

En tanto, la propuesta del CNE debe ser calificada por la Unidad Técnica Legislativa, que la enviará al Consejo de la Administración Legislativa (CAL), y esta a su vez la remitirá a la Comisión de Justicia para el análisis.

Con estos dos trámites, según Cuesta, “se reformará la ley una vez, y se volverá a reformar”, y esa tarea deberá concluir en diciembre próximo.

Henry Cucalón (PSC), también de la Comisión de Justicia, propone que por la coyuntura se pueda continuar el análisis suspendido en el 2018. “Esperar las famosas reformas que está haciendo el CNE para conocerlas, debatirlas e incorporarlas al debate, o debatirlas en cuerda separada. Esto es diálogo, diálogo, diálogo, y hasta ahora no llega nada oficial. La etapa del diagnóstico ya pasó, hay que debatir y ver cuáles son los pros y contras de las reformas”, criticó Cucalón.

El lunes pasado, el presidente y el vicepresidente del TCE, Arturo Cabrera y Ángel Torres, respectivamente, se reunieron con el titular del Parlamento, César Litardo, y la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, para tratar sobre las reformas.

Cabrera dijo que la norma electoral tiene “falencias, vacíos y contradicciones que se han agravado con la emisión de otras normas”; pero cree que los plazos establecidos para atender los recursos “están bien”, lo que se requiere es “equipos, infraestructura, recurso humano y fundamentalmente la coordinación para elaborar el calendario electoral”.

El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, advirtió que si la Asamblea no tramita los cambios al Código, buscarán otros mecanismos, como acudir a la Corte Constitucional y plantear una demanda a artículos relacionados con el sistema de votación, el método de asignación de escaños D’Hont, los requisitos para la aprobación de partidos y movimientos y otros.

El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, ve “lentitud en los legisladores” y recuerda que los textos que quedaron pendientes en el 2018 fueron planteados por asambleístas que ya no lo son. Que “los legisladores no se crean autosuficientes y escuchen a la sociedad civil”. (I)

En cada proceso se observan vacíos, y hay una irresponsabilidad de la clase política para tratar una reforma necesaria que garantice transparencia en las reglas”. Carlos Aguinaga,expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral

Tomado de El Universo – Ecuador

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