Pedido de consulta minera de Yaku Pérez negada por la Corte Constitucional

La Corte Constitucional negó y archivó el pedido de dictamen de constitucionalidad a la solicitud de consulta popular planteada por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez, en el que planteaba que la población de Azuay decida si quiere o no prohibir la explotación minera.

Pérez presentó su pedido en la Corte para que se defina si es constitucional la pregunta:  “¿Está Usted de acuerdo con la prohibición, sin excepción de actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica en fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles en la provincia del Azuay? Sí () No()”. 

Los jueces resolvieron sobre la solicitud este martes, y entre las conclusiones para negar el pedido argumentaron que la pregunta no “garantiza la plena libertad del elector, ni cuenta con apego constitucional”. 

Observaron por ejemplo, que “la expresión “explotación minera englobaría, por ejemplo, el régimen de minería industrial a gran escala así como a la minería realizada por unidades económicas populares o unipersonales bajo el régimen de la minería artesanal”. 

Esto no respetaría la unidad de contenido, ni garantizaría la doble exigencia de lealtad y claridad, al incluir términos genéricos y polisémicos. Además, exponen que  “la actividad minera en sus múltiples y diversas etapas técnicas es un asunto de alta complejidad y de interés nacional tanto económico, político, social, ambiental y jurídico, en donde pueden verse involucrados derechos constitucionales propios de la naturaleza y de colectivos humanos”. 

También se cuestiona la solicitud porque el petitorio sería “sumamente general” ya que incluye un alto número de proyectos mineros que se hallan en desarrollo, que según información oficial, existirían 812 concesiones mineras en esa provincia. Y en esencia, la “pregunta objeto de control plantea problemas que imposibilitan determinar con claridad los efectos concretos de su implementación, en caso de ser aprobada mediante consulta popular”.  

El dictamen se aprobó con los votos de Karla Andrade, Agustín Grijalva, Alí Lozada, Daniela Salazar y Hernán Salgado. Dos votos concurrentes de las juezas Carmen Corral y Teresa Nuques; el juez Ramiro Ávila fue recusado, y, Enrique Herrería estaba ausente. 

Pérez movilizó a decenas de ciudadanos que respaldan su propuesta en las afueras de la Corte, para exigir que su propuesta sea aprobada. Él en declaraciones mencionó que si se rechazaba su pedido, buscaría una consulta popular nacional. (I)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories