Prefecto y seis alcaldes respaldan paro que deja pérdidas en frontera

Tulcán –

El paro de la provincia de Carchi cumple seis días y se mantiene sin salida, pese a unos diálogos que se encaminaron la noche del viernes. La movilización que comenzó con marchas pacíficas el primer día se tornó violenta y al frente de esta medida se hallan las autoridades seccionales.

Guillermo Herrera, prefecto de Carchi, dirigente nacional de la Izquierda Democrática, lidera la protesta, que busca atención del Gobierno para reactivar la economía de esa provincia. Durante la rendición de cuentas de los 100 días de gestión convocó a una asamblea provincial, que advertía la paralización.

La actitud de Herrera ha sido radical, descalificó las declaraciones de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, cuando ella se refirió a los 12 puntos que contiene la agenda de demandas, que involucran temas tributarios, créditos y apoyo al agro. Luego propuso como interlocutor al vicepresidente Otto Sonnenholzner.

En la primera reunión con Guillermo Rodríguez, viceministro de Gobierno, Herrera se mantuvo firme al señalar que deben trasladarse los ministros a Carchi y que las negociaciones deben tener resultados.

La postura asumida por el prefecto carchense fue respaldada por seis alcaldes, y la Asamblea Ciudadana, espacio ciudadano creado hace diez días y que ha atomizado al Comité Cívico del Carchi, que lideró el paro del 22 de noviembre del año pasado.

La Prefectura se ha convertido en el cuartel general donde son analizadas las propuestas gubernamentales y son planteadas las contrapropuestas. No han faltado voces que dejan entrever que la paralización tiene algún tinte político, apreciación que ha sido desmentida por el prefecto.

En las redes sociales y en medios locales se acusa a militantes del correísmo de querer aprovecharse del momento. Excandidatos y seguidores del expresidente Rafael Correa han sido visto en las marchas, empujando el paro.

Herrera fue reelecto con una votación de más de 65.000 sufragios, pero logró únicamente capitalizar dos de seis alcaldías (Montúfar y Mira), en medio de una campaña en la que la ID trabajó para continuar administrando el gobierno local, que está en su poder desde 1988.

Los alcaldes Johnny Garrido de Mira (ID), Arnaldo Cuacés (CREO) y Livardo Benalcázar de Bolívar (Conservador) mantienen el bloqueo en el sur, en el límite con Imbabura. Allí ha sido dispuesta maquinaria y participan empleados y trabajadores municipales.

Algo parecido sucede en la parte central, en Montúfar, donde el alcalde Andrés Ponce (ID) y Armando Pailacho (Lidera) resisten manteniendo incomunicados a los cantones con respaldo de las llamadas fuerzas vivas.

Solo Cristian Benavides, alcalde de Tulcán, líder del Movimiento Cantonal Somos, mantiene una postura más abierta al diálogo.

Dijo estar en contra del vandalismo y denunció la presencia de gente infiltrada, sin que aquello signifique que el reclamo desmaye.

Guillermo Alomía, consultor, sostiene que la situación económica actual de depresión que vive Carchi es el resultado de un modelo de desarrollo que privilegia el capital en lugar de la persona y que tiene por lógica la concentración de la riqueza en pocas manos y en determinados territorios en menoscabo de otros como los fronterizos.

Para Patricio Silva, planificador, el ambiente político en Tulcán y Carchi se ha convulsionado debido a la desidia del Gobierno y la actitud del vicepresidente que ha exacerbado los ánimos, trasladándose esta lucha a nivel nacional. (I)

Escenarios

Créditos.- El Gobierno aduce que ha cumplido con algunos pedidos de Carchi como la regulación del uso del suero de leche, la exoneración al anticipo del impuesto a la renta, créditos y otros.

Impuesto.- Carchi pretende la reducción del IVA al 6% y eso es algo que el Gobierno no está dispuesto a hacer porque otras provincias exigirían lo mismo, según el vicepresidente de la República.

Zona franca.- También piden declarar zona franca a la parroquia urbana de Tulcán, ampliación de la vía Panamericana Bolívar-Rumichaca.

Fondos.- Se exige también una inversión específica y prioritaria en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Comercio Exterior y de Turismo. Además se plantea un fondo de inversión de $100 millones para mantenimiento vial a 5 años. Se pide otro fondo de $250 millones para agua y saneamiento, entre otros.

Indagan presunto saqueo a ente estatal de Carchi

Los recientes disturbios registrados en Tulcán dejan pérdidas que serán valoradas la próxima semana por técnicos del Municipio y de la Gobernación de Carchi. No obstante, el Gobierno central estima que cada día de paralización deja $  2 millones de pérdidas en la provincia fronteriza.

 La vialidad ha sido afectada por los bloqueos, pero el ataque al edificio del Distrito de Educación, donde funciona la Gobernación del Carchi, sería el daño de más consideración. La mayoría de ventanas quedaron rotas luego del incidente del jueves pasado.

El gobernador Edin Moreno reprochó la acción y llamó a la cordura, ya que se trataba de bienes públicos del Estado, que deberán ser repuestos en los próximos días.

Se investiga además si hubo un probable saqueo o robo de equipos durante la incursión de manifestantes a la edificación, luego de la arremetida. 

Un grupo, desde el piso superior, luego de haber ingresado a  una oficina, lanzó productos alimenticios, que habrían sido retirados por la Comisaría Nacional y que posiblemente estaban caducados.

Al parecer, más de 30 ciudadanos irrumpieron en el edificio, donde funcionan varias dependencias estatales. 

En las calles, los adoquines fueron desprendidos de las calzadas, siendo luego partidos y convertidos en fragmentos que fueron utilizados durante las reyertas, para lanzarlos contra los uniformados de la Policía Nacional.

Las puertas enrollables de dos locales comerciales fueron destrozadas. El servicio de recolección de basura debió reforzar el personal para limpiar los escombros que dejó la fuerte protesta del jueves. 

Pablo Rodríguez, comandante de Policía de la Zona 1, indicó que una farmacia fue asaltada y que en las movilizaciones se registraron robos de teléfonos celulares, de parte de quienes supuestamente habían salido a las calles para hacer escuchar su voz de protesta.

Rodríguez señaló que se investiga la posible presencia de ciudadanos extranjeros como infiltrados en las marchas, que habrían incitado a estudiantes y civiles a actuar violentamente.

El uniformado se reunió ayer con delegados de sectores sociales, dentro de un esfuerzo por retomar la tranquilidad.

En la Fiscalía de Tulcán, un grupo de mujeres se tomó los exteriores demandando la libertad de catorce personas que el viernes  continuaban detenidas. En ese episodio, el jefe policial intervino y evitó brotes de violencia.

 Más de tres marchas lideradas por las autoridades y dirigentes de la Asamblea Provincial recorrieron las calles de forma pacífica, pero por precaución, dueños de locales comerciales cerraron sus establecimientos, con repercusión en el turismo. 

No hubo atención en mercados. Las agencias bancarias trabajaron a puerta cerrada. (I)

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