Declaran reservada la audiencia contra el asambleísta Yoffre Poma y el prefecto de Sucumbíos Amado Chávez

Por ser la paralización de un servicio público un delito contra la estructura del Estado, el conjuez penal de la Corte Nacional de Justicia, David Jacho, la noche de este martes, declaró reservada la audiencia de flagrancia contra el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Yoffre Poma, y ocho personas más. 

Horas antes llegaron desde Sucumbíos, vía aérea, Poma junto al prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez; José Gómez, director de Comunicación del Gobierno Provincial de Sucumbíos; Jenny Rodríguez, presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de Sucumbíos; el concejal Víctor Burbano; el dirigente Roberto Pachacama, Vinicio Chacha, Antonio Villamil y Dario Torres 

Todos habrían sido detenidos entre la tarde y noche del lunes último en la ciudad de Nueva Loja (Lago Agrio), en la provincia de Sucumbíos, mientras participaban en una manifestación contra las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno, la cual habría terminado con el ingreso de los protestantes a las instalaciones de un pozo de Petroamazonas. 

Según la Fiscalía, los aprehendidos habían ingresado con violencia a las instalaciones estatales y obligaron a dos técnicos a paralizar el bombeo de petróleo a través del Sote ( Sistema de Oleoducto Transecuatoriano). La paralización se habría dado entre las 18:06 y las 20:25, del lunes 7 de octubre pasado, evitando el bombeo de más de 31.296 barriles de petróleo que produjeron un perjuicio para el Estado de $1’723.918,72.

Poma explicó en la audiencia que él asistió a la marcha organizada por la ciudadanía y aclaró que ingresó en las instalaciones para mediar y apaciguar para que las cosas no se salgan de control. Aseguró que jamás a él se lo vio con piedras, palos o en una actitud violenta frente a las autoridades. 

Un argumento similar esgrimió el prefecto Chávez, quien dijo que fue obligado a marchar con los protestantes por las calles principales de Lago Agrio. Él mencionó que en varias ocasiones les dijo a los manifestantes que no cometan desmanes en las instalaciones de la petrolera estatal.

Dos de los investigados se acogieron a su derecho al silencio, mientras que el resto dijo que acudió a la marcha para respaldar a sus autoridades. 

Hasta este momento la audiencia continúa con la resolución del conjuez Jacho respecto a si aceptaba o no la flagrancia propuesta por la fiscal general Diana Salazar. De aprobarse la flagrancia, la fiscal debería solicitar las medidas cautelares para cada uno de los que serían procesados en la instrucción fiscal que se abriría.

Un total de cinco elementos de convicción presentó la Fiscalía para sustentar el delito de paralización de un servicio público considerado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (Coip), el cual determina una pena de uno a tres años de cárcel.  (I)

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