Consejo de Participación Ciudadana renueva a sus autoridades, pero se mantienen las fricciones

Quito –

La destitución de Christian Cruz como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no trajo consigo una tregua a las marcadas posiciones entre sus siete consejeros, que se evidenciaron ayer en una plenaria para posesionar a sus nuevas autoridades.

En una sesión presencial convocada la tarde de ayer, Francisco Bravo fue elegido vicepresidente del organismo, al ascender a la presidencia Sofía Almeida, tras la censura y destitución de Cruz, por el juicio político que llevó a cabo la Asamblea Nacional, por incumplimiento de funciones y falta de probidad notoria por las dudas de para qué obtuvo un carné con 81% de discapacidad auditiva y visual en el 2009.

Los dos se posesionaron y tomaron juramento de sus cargos, con el aplauso de sus familiares invitados.

Almeida, quien ejercía la vicepresidencia, declaró su ascenso a la presidencia el miércoles pasado, pues el artículo 41 de la ley que los rige, señala que la vicepresidenta “reemplazará al presidente en caso de ausencia temporal, y de ser definitiva, hasta completar el periodo para el cual fue electo el titular”. Es decir, estará en esta dignidad hasta agosto del 2021.

La moción para la elección de Bravo la planteó el consejero David Rosero y se aprobó con cinco votos a favor y dos en contra. Javier Dávalos, Bravo, Rosero, Sofía Almeida y Hernán Ulloa (quien se principalizó en la consejería) votaron a favor. Los tres últimos aludieron su respaldo a la necesidad de la “unidad”.

Pero las consejeras Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira votaron en contra, recordando que Bravo apoyó a Cruz, pese a los cuestionamientos públicos.

Estupiñán mocionó a Ulloa a la vicepresidencia, pero él lo rechazó desde el inicio de la plenaria, y dijo que le parecía una “afrenta” que insistan que esté en un cargo que no quiere ocupar.

La moción no se votó, y Rivadeneira le reclamó a Almeida que era “lamentable que se haya manchado esta sesión con exabruptos”.

“Aún no hemos aprendido la lección, no habrá ningún cambio de timón por parte de este pleno. Por cómo la gente se cansó y repudió ese reparto de mayorías. Esta mayoría pretende hoy elegir a quien defendió a Cruz. Bravo representa lo que era Cruz. Votar por Bravo es votar por Cruz”, reprochó Rivadeneira.

Estupiñán argumentó que Bravo “estuvo cogobernando con el destituido Cruz, con quien tomaba decisiones. Por resguardar la imagen de la institución no podemos darnos el lujo de designar a una persona que defendió la evidente condición irregular del exconsejero; y, porque se ha prestado para improperios a las mujeres. Él vulneró mis derechos”, afirmó.

Bravo respaldó a Cruz, pero cuando inició el juicio político en el Legislativo le pidió que dé un paso al costado en la presidencia.

Dávalos, Rivadeneira y Estupiñán asistieron de forma virtual a esta accidentada sesión, matizada por el desconocimiento del procedimiento parlamentario, en la que el orden del día se aprobó al final o entre la confusión se pedía que se informe qué estaban votando.

A la par, Almeida declaró como secretaria a Lourdes Espinosa, quien levantaba la voz cuando Estupiñán y Rivadeneira pedían la palabra. Y ante la insistencia, la presidenta les dijo que por los aplausos no las había escuchado.

Almeida y Bravo son las terceras autoridades elegidas en estos primeros 17 meses de gestión del CPCCS, bajo la nueva modalidad de elección por voto popular. José Tuárez y Rosa Chalá y otros dos exconsejeros, y Cruz fueron destituidos por juicios políticos.

Y una de las primeras acciones de Almeida en la presidencia fue la de ordenar la remoción de catorce personas, coordinadores, subcoordinadores y asesores, que eran parte del círculo de funcionarios nombrados por Cruz.

En materia de casos de investigación sobre presuntos actos de corrupción, la funcionaria deberá decidir sobre el trámite de 350 expedientes que reposan en la entidad desde el 2014. De estos, 322 informes se consideran represados, porque no han sido atendidos.

Además, se debe dar trámite a la elección del superintendente de Ordenamiento Territorial (SOT), concurso de méritos a través de una terna enviada por el presidente Lenín Moreno, en el que hay siete impugnaciones ciudadanas en contra de uno de los postulantes. También, del defensor Público, de los miembros de la Conferencia de Soberanía Alimentaria y del Consejo Intercultural del Agua.

Esto a la par de que la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional debate la posible extinción del organismo, a través de una reforma constitucional. (I)

Tomado de El Universo – Ecuador

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