Candidatos inscritos por Libertad es Pueblo en el ‘limbo’, después de su extinción

Quito –

En el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay dudas sobre qué hacer con los candidatos inscritos por la extinta organización política Libertad es Pueblo.

El 23 de octubre, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la resolución del CNE del 16 de septiembre, con la que se extinguió a Libertad es Pueblo por recomendación de una auditoría de la Contraloría General del Estado. No obstante, la decisión se debió a la falta de legitimación activa en la presentación del recurso subjetivo contencioso electoral que presentó su director Gary Moreno, hermano del primer mandatario, Lenín Moreno.

Libertad es Pueblo inscribió candidatos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República, que fueron Juan Carlos Machuca y Cristóbal Luna, quienes fueron inadmitidos por un recurso de impugnación que planteó la alianza Unión por la Esperanza (UNES).

En los reportes del Consejo se registra que la lista de asambleístas nacionales se encuentra en “plazo de subsanación”, a la vez que en provincias se inscribieron participantes en Azuay, Loja, Los Ríos y Guayas.

Moreno presentó recursos para que se permita participar al binomio presidencial, que fue negado por el TCE; y en un último intento pretendió que un precandidato a asambleísta provincial sea descalificado, pero en una sentencia del 12 de noviembre se concluyó que el movimiento no tiene personería jurídica y no se puede resolver su pedido porque los “candidatos deben ser presentados por una organización política”.

Pese a estas resoluciones, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, ingresó un recurso de aclaración y ampliación para resolver qué hacer con los precandidatos inscritos.

La autoridad solicitó a los jueces “aclarar y ampliar” esa sentencia y las acciones que debe tomar el CNE “toda vez que mediante la sentencia se ratificó la resolución del 16 de septiembre de 2020, la cual ha causado estado y por ende se dejó sin personería jurídica al movimiento”.

El TCE le respondió que “la inscripción y calificación de candidaturas es su competencia, y que mal podría este Tribunal explicar cómo ese órgano de administración electoral lleve adelante sus funciones”.

Agrega que su sentencia fue “explícita, clara y concreta, en conexidad con la norma; además cuenta con razonamientos que constituyen un ejercicio valorativo y lógico en el que los jueces apoyamos nuestra decisión, con lo que cumple con la garantía constitucional de la motivación”.

Por tanto, el CNE deberá resolver qué hace con los postulantes inscritos por esa organización.

Este Diario intentó comunicarse con Moreno para conocer qué acciones tomará, pero no hubo respuesta.

En tanto, en el marco de las elecciones generales del 2021, el pleno del Consejo celebró ayer en una rueda de prensa virtual la decisión del Ministerio de Finanzas de asignar el presupuesto de $ 91 millones que fue reformulado por los consejeros, el 12 de noviembre.

Atamaint señaló que la cartera de Estado dio el “visto bueno” para la asignación de este rubro, que se redujo de $ 114 millones (aprobado en agosto pasado) a $ 91’060.644. Es decir, $ 23 millones menos.

Esta decisión se da a 78 días de que los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir presidente y vicepresidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos.

El vicepresidente del organismo, Enrique Pita, resaltó la medida, pero consideró que existe un “desafío gigante” en la organización de los comicios, porque hay “atrasos significativos”, sobre todo en las contrataciones para las diferentes actividades. “Este es un desafío, porque recién a estas alturas podemos tener los recursos que nos permite ahora sí cumplir con las actividades necesarias para llegar al 7 de febrero con un proceso bien planificado, con transparencia y eficiencia”, expresó.

Según Atamaint, el presupuesto aprobado contempla la adquisición de kits de seguridad para evitar contagios de COVID 19 para el día de las votaciones.

Aunque comentó que desconocía la posibilidad de que el Ministerio de Salud Pública vaya a realizar pruebas PCR y de antígenos para los más de 272.000 miembros de las juntas receptoras del voto (JRV), como lo anunció el jueves pasado el ministro Juan Carlos Zevallos.

Dijo que pedirá mantener reuniones con el ministerio y el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para conocer en qué consistirán estas actividades. (I)

Tomado de El Universo – Ecuador

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